|
Fernando De La
Rúa nació el 15 de
septiembre de 1937, Córdoba, provincia de Córdoba.
De La Rúa realizó estudios
de secundaria en el Liceo Militar General Paz y a
los 21 años se graduó en Derecho, igualmente con
altas calificaciones, (con medalla de oro) por la
Universidad de Córdoba. Posteriormente obtuvo el
doctorado en dicho centro con una tesis sobre el
recurso de casación en el Derecho argentino, dicha
tesis fue publicada en varias ediciones (la última
por editorial De Palma) y es una joya de la
literatura jurídico penal argentina. Su hermano,
Jorge De la Rúa, se especializó en derecho penal,
siendo uno de los más grandes exponentes de esta
rama del derecho en el país.
Afiliado desde su
juventud al partido Unión Cívica Radical (UCR),
concretamente a la UCR del Pueblo (UCRP, si bien en
1966 hizo suya la sigla original) de Arturo Illia,
así llamada para diferenciarse de la facción
Intransigente (UCRI) de Arturo Frondizi escindida en
1955, durante la presidencia del primero entre 1963
y 1966 sirvió como asesor en el Ministerio del
Interior. Con anterioridad y posterioridad a este
cometido, su actividad profesional se centró en la
abogacía.
La carrera política
de de la Rúa, católico practicante, tomó cuerpo
de la mano de Ricardo Balbín, líder de la UCR
desde 1957, y en abril de 1973 fue elegido senador
federal por Buenos Aires. En las segundas elecciones
presidenciales de aquel año, el 23 de septiembre,
que confirmaron la mayoría social justicialista y
repusieron a Perón en el poder tras 18 años en el
exilio, integró como candidato a la Vicepresidencia
la fórmula encabezada por Balbín, que obtuvo el
24,3% de los votos. Ejerció su mandato en el Senado
hasta marzo de 1976, fecha del golpe militar que
derrocó el Gobierno de María Estela Martínez de
Perón, viuda del general desde 1974.
A raíz del
retorno del orden constitucional, de la Rúa optó,
sin éxito, a la nominación del candidato
presidencial de la UCR para las elecciones de
octubre de 1983, que ganó Raúl Alfonsín, si bien
consiguió ser elegido senador por segunda vez.
Aunque en los comicios de mayo de 1989 revalidó su
acta de legislador, hubo de cederla tras decidir el
Colegio Electoral una reasignación de escaños en
favor de las listas minoritarias. Le quitaron la
banca ganada legítimamente en uno de los bochornos
institucionales más vengonzosos de esos tiempos.
En 1991 fue
elegido presidente del Comité capitalino de la UCR
y en los comicios celebrados a finales de año ganó
el mandato para la Cámara de Diputados, donde lideró
el bloque radical, si bien dos años después retornó
al Senado. Hito en su trayectoria política fue la
elección, el 30 de junio de 1996 y con el 39,9% de
los votos, como gobernador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, convirtiéndose en el primer
administrador municipal elegido directamente por los
bonaerenses. El 6 de agosto tomó posesión del
puesto. Aquí comienza su gran actuación política
dirigida a la Presidencia de la Nación.
La victoria en la
populosa capital de la UCR, que se enfrentaba
entonces a un declive electoral sin precedentes como
consecuencia de la alianza en diciembre de 1993
entre el jefe del partido, Alfonsín, y el
presidente peronista Carlos Menem para sacar
adelante una reforma constitucional que permitiese
la reelección del segundo al frente de la República,
fue facilitada por el reciente conflicto interno en
el Frente del País Solidario (Frepaso), pujante
coalición que se había apuntado en la Capital
Federal una serie de éxitos electorales.
El Frepaso surgió
en diciembre de 1994 como una alianza de
centro-izquierda, integrando a varios partidos de la
izquierda y a disidentes del Partido Justicialista
(PJ, peronista) de Menem y de la propia UCR que a su
vez se ubicaba en el centro del espectro político,
siendo el Frente Grande del popular Carlos Chacho Álvarez,
antiguo peronista de tendencia socialdemócrata, el
más importante de sus miembros. Así, la fórmula
de José Octavio Bordón (que en febrero de 1996 iba
a abandonar el Frepaso) y Chacho Álvarez rompió
con el bipartidismo tradicional en las
presidenciales del 14 mayo de 1995 y se situó por
delante de la fórmula radical encabezada por
Horacio Massaccesi, quien con el 17,1% del
escrutinio registró la votación más baja del
partido en toda su historia.
Como alcalde porteño,
de la Rúa construyó una imagen positiva de político
moderado y honesto, de impecables convicciones
democráticas y buen gestor. Entretanto, la UCR,
consciente de su debilidad ante la progresiva fuga
de militantes a la coalición frentista, aceptó
trabajar conjuntamente con el Frepaso para desplazar
al peronismo del Gobierno Federal. Fruto de este
acercamiento fue la creación el 3 de agosto de 1997
de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la
Educación (ATJE), más conocida como simplemente la
Alianza. De la Rúa realiza la gestión más
importante que conociera la ciudad de Buenos Aires,
contando con el apoyo de los personajes más
sobresalientes de la política, el arte y la
cultura.
Sumadas al
proyecto otras formaciones menores progresistas y de
ámbito provincial, la Alianza, presentando listas
conjuntas en 14 de los 24 distritos electorales del
país, se hizo en las elecciones del 26 de octubre
de 1997 con un total de 107 de los 257 escaños de
la Cámara de Diputados, a sólo 12 del PJ, si bien
en cuanto a porcentaje de voto fue la primera fuerza
con el 36,4% de los sufragios, dos décimas más que
el partido de Menem. Además, la senadora frentista
Graciela Fernández Meijide fue la cabeza de lista más
votada en el distrito provincial de Buenos Aires,
tradicional baluarte peronista, mientras que Carlos
Álvarez hizo lo propio en la Capital Federal.
El 11 de agosto de
1998 de la Rúa, Alfonsín, Rodolfo Terragno
(sucesor del anterior como presidente de la UCR en
noviembre de 1995), Fernández Meijide y Álvarez
comparecieron en una rueda de prensa para presentar
la denominada Carta a los Argentinos, documento que
resumía el programa aliancista y trataba de dar una
imagen de unidad y de alternativa sólida al
menemismo de cara a las elecciones generales de
1999.
De la Rúa y sus
asociados se comprometían a reducir el desempleo a
la mitad (esto es, al 7%), a relanzar el sistema
educativo, a distribuir más equitativa la renta
nacional y a luchar contra la corrupción; en suma,
un programa fundamentalmente social que ofrecía
respuestas en un terreno damnificado por las políticas
neoliberales del peronismo en el poder.
La prueba de fuego
de la Alianza se planteó en las primarias del 29 de
noviembre de 1998, abiertas a los afiliados (votaron
más de dos millones de argentinos) en un ejercicio
de democracia intrapartidista inédito en Argentina,
para la elección del candidato conjunto a las
presidenciales, siendo de la Rúa, que el 6 de
diciembre de 1997 había obtenido la nominación de
la UCR, y Fernández Meijide los aspirantes. De la Rúa,
menos carismático que la diputada y antigua
activista pro Derechos Humanos, e identificado con
el sector conservador del radicalismo, se impuso no
obstante con el 63,3% de los votos.
Precisamente,
estas presuntas carencias suyas -cautela, sobriedad,
austeridad, monotonía- se revelaron como
importantes virtudes a los ojos de un electorado
deseoso de un cambio en el Gobierno de la nación,
que durante la etapa menemista, aún reconociendo
sus éxitos en la estabilización de la economía,
había ofrecido una imagen excesivamente desordenada
en la gestión de los recursos públicos, cuando no
frívola y tolerante con la corrupción. El propio
de la Rúa explotó su contrastado perfil con el
eslogan electoral "La gente dice que soy
aburrido".
Confirmando las
predicciones de los sondeos, en las elecciones del
24 de octubre de 1999 la fórmula de la Rúa/Álvarez
ganó holgadamente con el 48,5% de los votos a su
rival justicialista, integrada por Eduardo Alberto
Duhalde y el cantante Ramón Palito Ortega. En las
legislativas parciales la Alianza se situó como la
fuerza más votada con el 43,6% de los sufragios y,
con 124 actas, superó por primera vez en la Cámara
de Diputados al PJ en número de escaños, si bien
no alcanzó la mayoría absoluta. La ventaja
obtenida por de la Rúa en la provincia de Buenos
Aires (donde vive un tercio del electorado nacional)
fue decisiva para el resultado global, si bien el
peso del peronismo allí se reflejó en la victoria
de Carlos Ruckauf en la elección simultánea al
puesto de gobernador.
El 10 de diciembre
de 1999, un día después de entregar la gobernación
de la Ciudad Autónoma a su segundo, Enrique
Olivera, de la Rúa tomó posesión de su mandato
cuatrienal en la jefatura de la nación, poniendo
fin a una década de dominio peronista y situándose
al frente del primer Gobierno de coalición en la
historia del país. La UCR se quedó con 8 de los 10
ministerios, mientras que el Frepaso obtuvo las
carteras de Trabajo y Acción Social.
Desde el día de
la victoria en las urnas, de la Rúa había
prodigado las declaraciones contundentes sobre el
final de los privilegios del poder y advertencias de
que la impunidad de los corruptos no sería tolerada
más. Pero aparte las promesas de moralización de
la vida pública y de dedicación a los
desfavorecidos, el presidente tenía ante sí una
situación económica delicada, con una recesión
del 3,1% del PIB, provocada por la caída de las
exportaciones agrícolas y manufactureras como
consecuencia de la fortaleza del peso, y un déficit
fiscal muy abultado, de 7.100 millones dólares,
cuyo recorte drástico solicitaba el FMI para
proseguir con su programa de ayudas. La deuda
exterior se cuantificaba en los 145.000 millones de
dólares.
En este sentido,
de la Rúa se comprometió a mantener lo esencial de
las políticas de mercado y cambiarias de Menem, con
la vigilancia de la inflación -virtualmente
aniquilada y de hecho negativa en aquel momento-
como divisa, aunque recalcó que haría una defensa
del peso, ajustado paritaria e inamoviblemente con
el dólar por la Ley de Convertibilidad heredada de
Menem, con lo que la posibilidad de dolarizar
completamente la economía, planteada por aquel en
el último tramo de su mandato, quedaba descartada.
El líder radical
dijo estar dispuesto a aplicar un nuevo ajuste económico,
consistente en subidas de impuestos, una mayor
disciplina fiscal y recortes en los salarios de
140.000 trabajadores públicos (empezando por el
suyo propio), pero esta vez terminando con las
manifestaciones de latrocinio político-financiero y
clientelismo, dando ejemplo moral a la sufrida
ciudadanía desde la Casa Rosada.
El 29 de mayo de
2000, luego de asegurarse el diálogo con la
poderosa central sindical peronista Confederación
General del Trabajo (CGT), de la Rúa divulgó los
contenidos de un duro paquete de austeridad con el
objetivo de equilibrar el presupuesto para 2003, lo
que no sacó a la calle a miles de trabajadores
convocados por sindicatos minoritarios, así como a
dirigentes del PJ y a activistas de partidos de
extrema derecha y extrema izquierda. En las propias
filas aliancistas se produjeron signos de
descontento por la política técnicamente
continuista de de la Rúa, todo lo cual revelaba un
pronto desencanto en la sociedad argentina por las
primeras disposiciones del nuevo Gobierno y auguraba
futuros contratiempos.
El 30 de junio de
2000 de la Rúa dirigió en Buenos Aires su primera
cumbre presidencial del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), la XVIII de esta organización lanzada
en 1991 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
En este encuentro, el mandatario argentino propuso
avanzar en la integración regional con una carta
social, como complemento a la unión aduanera en el
ámbito comercial.
El documento fue
suscrito por sus tres colegas, así como por los
presidentes de Bolivia y Chile, invitados a la
cumbre. En un sentido general, de la Rúa
consideraba perentorio avanzar aún más en la
integración de las cuatro economías, ya que, como
la recesión argentina estaba demostrando, las
perturbaciones a la baja en los intercambios
comerciales por coyunturas internas repercutían
dramáticamente en la producción de los socios
proveedores.
Chacho Álvarez,
el 6 de octubre, horas después de que de la Rúa
hiciera una remodelación del Gabinete, presentó la
dimisión. Álvarez negó que se tratara de la
ruptura de la Alianza y dejó claro que el Frepaso
seguiría trabajando con la UCR desde el Congreso.
En el cambio quedó
fuera, por dimisión, Terragno como jefe del
Gabinete; Santibañes mantuvo de momento su puesto y
Flamarique cesó en el suyo, pero porque fue
promocionado a secretario general de la Presidencia.
Sin embargo, la dimisión de su jefe de partido al día
siguiente le arrastró a él también. El 20 de
octubre resignó a su vez Santibañes, sometido a
fortísimas presiones.
El mandatario
radical comenzó 2001 con todas las luces de alarma,
económica, financiera y social, encendidas. La
constatación de que el nuevo mandatario era incapaz
de atajar la crisis, claramente estructural y
consecuencia de una década de liberalismo a
ultranza que no había creado verdadera riqueza
nacional, y de regenerar los hábitos arraigados en
el poder, hizo cundir un profundo pesimismo que
testimonió la destrozada clase media, a la sazón
votante tradicional de los radicales, con sus largas
colas en las embajadas de Italia o España para
obtener un visado que le permitiera abandonar el país.
Se habló de un
retroceso histórico en la realidad socioeconómica
de Argentina, una suerte de
"latinoamericanización" de un país que
durante décadas, gracias a la distribución de la
renta nacional, poseyó unas extensas clases medias
perfectamente homologables a las de las sociedades
europeas desarrolladas. Los observadores apuntaron
que si hacía una década lo que atemorizaba a los
argentinos era la hiperinflación y el caos de los
precios, ahora era la pérdida del empleo y el
derrumbe del poder adquisitivo.
No había
oportunidades de mejora material de los ciudadanos,
pero para de la Rúa y su equipo de Gobierno (que no
la dirigencia, escorada al izquierdismo, de la UCR)
tampoco existían alternativas, excepción hecha de
las concesiones populistas, al modelo menemista de
ortodoxia liberal, a saber, la disciplina cambiaria
y el compromiso con el pago de la deuda. El nuevo
ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció
un programa de austeridad consistente en más
recortes del gasto público y el final de algunas
exenciones fiscales, pero no vio la luz ante la
contestación general suscitada en el país.
A mediados de
marzo el presidente ofreció a la oposición un
"acuerdo político nacional" que produjera
un gobierno con poderes especiales para capear la
crisis, pero el único partido que respondió
positivamente fue la conservadora Acción por la República
(ApR) de Domingo Felipe Cavallo, tercer candidato más
votado en las presidenciales de 1999 y el ministro
de Economía que en 1991 dio cerrojazo a la
hiperinflación con su Ley de Convertibilidad. El 19
López Murphy dimitió a las dos semanas de su
nombramiento y 24 horas más tarde le sucedió
Cavallo, que el 29 fue investido por el Congreso, a
regañadientes, de poderes especiales que de hecho
le iban a permitir gobernar por decreto.
De la Rúa,
depositó todas sus esperanzas en el famoso
superministro, tan prestigiado como vituperado, que
se disponía sacar al país de la recesión como una
década atrás lo había hecho de la pesadilla
inflacionaria. Dejando intocada su criatura legal,
la convertibilidad entre el peso y el dólar, y con
el nuevo instrumento de la Ley de Competitividad,
Cavallo delineó un plan económico de talante
estructural que pretendía controlar la evasión de
capitales, disminuir los gastos públicos y
suntuarios del Estado y aumentar los ingresos, a fin
de recuperar liquidez y reducir la necesidad de
refinanciación de la deuda exterior.
La reforma fiscal
contemplaba alzas arancelarias sobre las
importaciones de bienes de consumo de fuera del
MERCOSUR y rebajas de las que gravan las
importaciones de bienes de capital, teniendo como
meta la erradicación del déficit público,
previsto en 6.000 millones de pesos a fin de año.
Todo ello, con la voluntad firme de asumir los
compromisos financieros más urgentes, las
amortizaciones de deuda a medio y corto plazo por
valor de 4.500 millones de dólares hasta final de año,
y de 17.000 millones más para 2002, a los que había
que añadir otros 11.000 millones en intereses. De
la Rúa y Cavallo dejaron claro que en lo sucesivo
el Estado solo iba a gastar lo que recaudara y que
no se iba a endeudar más; el débito consolidado,
federal y provincial, ascendía ya a los 150.000
millones de dólares.
El 8 de junio de
la Rúa se sometió a una operación de angioplastia
en la arteria coronaria y en la calle el deterioro
social proseguía imparable. La clase obrera se lanzó
a una serie de huelgas y disturbios en protesta por
los bajo salarios y las malas condiciones laborales.
La bolsa de Buenos Aires, evocando el nerviosismo y
la desconfianza de los inversores en las seguridades
de Cavallo sobre que el peso no se devaluaría y que
las deudas del Estado serían pagadas, registró
desplomes sucesivos mientras que la prima de riesgo,
que mide la confianza en la solvencia del país, se
elevó hasta convertir a Argentina a los ojos de las
instituciones financieras en el país del mundo más
susceptible de suspender pagos, adelantando a
Nigeria.
De semana en
semana se conocían noticias negativas, como la
declaración de quiebra de Aerolíneas Argentinas,
que en un 90% controlaba el Estado español (21 de
junio), y el fuerte descenso del índice interanual
de recaudación tributaria. En julio se dispararon
las retiradas de efectivo en pesos y las compras de
dólares por los ahorradores.
De la Rúa exhortó
al "esfuerzo patriótico" de todos los
argentinos para salir de la dramática situación y
afirmó que los defraudadores fiscales serían
tratados "como criminales de la peor
especie", pero sus enérgicos discursos a la
nación fracasaron en aunar apoyos a un ejecutivo
desprestigiado, agravándose a ojos vista la soledad
política del presidente. Que en general se
reconociera el hecho de que hubiese "tomado el
relevo al frente del Titanic cuando ya estaba en
trayectoria de colisión" no le eximía de
censuras en un momento delicado que demandaba
acciones resolutivas, tanto económicas como políticas.
Nuevos y
desesperados llamamientos a la formación del
Gobierno de unidad nacional cayeron en saco roto,
pues los peronistas no estaban dispuestos a asumir
una cuota de responsabilidad en disposiciones tan
impopulares como el recorte en un 13% de los
salarios de los funcionarios y de las pensiones de
jubilación superiores a los 500 pesos. Incluso en
la UCR, el ex presidente Alfonsín hizo gestiones
particulares con los sindicatos, puenteando las
iniciativas gubernamentales.
Un respiro fue el
30 de julio la aprobación por el Senado, tras un
extenuante tira y afloja con los gobernadores
provinciales peronistas, y con el respaldo de los
dos principales inversores en Argentina, España y
Estados Unidos, y de los agentes financieros
internacionales, del plan de emergencia del Gobierno
centrado en la denominada Ley de Déficit Cero, pero
al precio de colocar al borde de la ruptura a la
coalición oficialista -de todos modos ya más
nominal que otra cosa- y a la propia UCR, y de
sembrar la efervescencia en las calles.
En virtud a las últimas
medidas adoptadas, De la Rúa y Cavallo afrontaron
con optimismo las negociaciones con el FMI y otros
proveedores de fondos para financiar la
reestructuración de los adeudos. Una señal
esperanzadora fue el anuncio por el FMI el 22 de
agosto de su disposición a conceder un crédito de
8.000 millones de dólares, suplementario a los dos
acordados desde diciembre de 2000 (de 40.000
millones y 20.000 millones), para respaldar las
reservas internacionales y un nuevo canje de títulos
de deuda pública.
El FMI advirtió
que miraría con lupa la ejecución del durísimo
plan de ajuste, el séptimo desde la toma de posesión
de de la Rúa en 1999, y que a la Ley de Déficit
Cero tendrían que plegarse tanto el presupuesto
federal como, mediante un régimen fiscal de
coparticipación reformado, los de las provincias,
calificadas por este organismo de "fuente
significativa de rigidez e ineficiencia en las
finanzas públicas".
Las elecciones del
14 de octubre a la mitad de los diputados de la Cámara
y a la totalidad de los senadores precarizaron más
aún a de la Rúa al perder la Alianza la mayoría
en la cámara baja: con el 37,4% de los sufragios,
los justicialistas ganaron 66 de los 127 escaños en
disputa frente al 23,1% y los 35 escaños obtenidos
por los aliancistas, quedando el reparto final en
116 diputados para los primeros y 88 -si bien
radicales la gran mayoría- para los segundos. En el
Senado, la Alianza vio incrementada su minoría
hasta los 25 escaños, 15 menos que el PJ. La
Alianza perdió más de 20 puntos porcentuales con
respecto a las legislativas de 1999, y, a tenor de
las encuestas, si se hubiesen celebrado
presidenciales por de la Rúa habría votado menos
de la quinta parte de los electores.
La continuidad en
el cargo de de la Rúa, primer mandatario argentino
con las dos cámaras en contra, iba a depender de su
entendimiento con el PJ. Pero no menos significativo
fue el alcance del denominado "voto
bronca", las papeletas nulas y en blanco, que
sumaron el 21,1%; añadido al 26,3% de la abstención,
resultó que los electores que de una u otra forma
rechazaron los comicios se acercaron al 50% del
censo, cifra sin precedentes e indicativa de la
irritación y el hastío populares.
De la Rúa asumió
el varapalo electoral como una demanda de cambio de
rostros en el ejecutivo, pero la principal diana del
descontento, Cavallo, siguió contando con su
confianza. El primero de noviembre el ministro
presentó al FMI un nuevo plan de reformas
estructurales con el objetivo inmediato de rebajar
los tipos de interés del peso para aliviar el coste
de la deuda y poder liberar recursos para la
reactivación económica. Asimismo, reiteró que
Argentina "nunca" iba a dejar de pagar sus
débitos, y acusó a las provincias de tener una
alta responsabilidad en la debacle por la gestión
populista de sus finanzas y a Brasil de ser un socio
"desleal" en el MERCOSUR por las
devaluaciones competitivas de su moneda, el real.
Aquel mes, la
incapacidad de las provincias y el Gobierno Federal,
que había suspendido las transferencias netas del
Estado como consecuencia de la Ley de Déficit Cero,
para renovar la coparticipación fiscal, retrasó la
aplicación del octavo plan de ajuste y puso al país
al borde de la suspensión de pagos, anulando lo que
de positivo pudiera tener la obtención del primer
superávit mensual, de 124 millones de dólares, en
las cuentas del Estado.
De la Rúa anunció
un plan de ahorro de 4.000 millones de dólares en
el pago de los intereses de vencimientos de la deuda
en 2002 mediante la reducción del 11% al 7% de los
tipos de interés de los bonos, así como de
descuentos en la cotización obligatoria y de
devolución del 5% del IVA en compras minoristas con
tarjeta de crédito, el cual presentó como un
"nuevo contrato social entre el Estado y los
argentinos", en respuesta "a sus
reclamaciones en las últimas elecciones". El 8
de noviembre viajó con Cavallo a Estados Unidos
para reunirse con el presidente George Bush y los
inversionistas privados.
Esta batería de
medidas sirvió sólo para calmar los mercados unas
pocas horas, mientras que el FMI, escéptico, no se
avino a adelantar los tramos de la ayuda acordada.
Había una aguda crisis de confianza en las
instituciones y la población se lanzó a los bancos
a vaciar sus cuentas. La avalancha de reintegros en
efectivo puso al sistema financiero al borde del
colapso, induciendo el 1 de diciembre al Cavallo a
decretar, con el respaldo pleno del presidente e
invocando los poderes especiales otorgados por el
Congreso, a decretar el estado de excepción
monetario: todos los depósitos bancarios quedaban
parcialmente inmovilizados durante 90 días; los
ahorradores sólo podrían retirar en efectivo un máximo
de 250 pesos o dólares a la semana, teniendo que
usar tarjetas de crédito o débito y talones para
operaciones de importes superiores, y los que
viajasen al exterior sólo podrían llevar consigo
un máximo de 1.000.
La draconiana
medida, en vigor el 3 de diciembre, y conocida en la
calle como el corralito, implicaba un primer paso
hacia la dolarización, pues apuntaba a la
transformación automática a dólares de los depósitos
en pesos y la prohibición de conceder más créditos
en esta moneda para evitar los ataques especulativos
contra la divisa argentina. También suponía un
golpe mortal a la economía sumergida, que sólo
conoce el cobro y el pago en efectivo al margen del
sistema financiero y en la que se mueve el 47% de
los argentinos.
Los analistas
calificaron la intervención monetaria de parche
desesperado -en las 24 horas previas a su anuncio se
habían cancelado depósitos por valor de 700
millones de dólares- que no disipaba los peligros
de la suspensión de pagos y la devaluación, amén
de abonar el desasosiego popular y de empeorar la
recesión por el desplome del consumo y la actividad
económica. Además, la Ley de Convertibilidad se
apoyaba en una base ficticia, pues el Banco Central
ya sólo contaba con la tercera parte de las
reservas líquidas en dólares para garantizar los
10.000 millones de pesos en manos de los 37 millones
argentinos.
Llegado a este
punto crítico, al Gobierno de de la Rúa se le
planteaban tres salidas para recuperar la confianza:
dolarizar plenamente la economía renunciando al
peso, lo que hundiría las perspectivas de una
recuperación económica; romper la paridad y
devaluar la moneda, con implicaciones gravísimas
sobre particulares y empresas que se habían
endeudado en dólares (la gran mayoría, ya que los
tipos de interés del peso eran astronómicos), o
recibir un préstamo de urgencia del FMI,
posibilidad poco verosímil.
El 5 de diciembre,
mientras el FMI, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) congelaban préstamos
por 2.400 millones de dólares, de la Rúa aprobó
una modificación para hacer más digerible la
medida consistente en el aumento de los topes a
1.000 pesos/dólares en los reintegros de efectivo a
la semana y a 10.000 en las cantidades expatriadas.
El 6 de diciembre Cavallo reconoció que el país se
hallaba en "virtual suspensión de pagos"
y se trasladó de urgencia a Washington para
negociar con el FMI, a la postre infructuosamente.
El 11 de diciembre
siguieron nuevas restricciones sobre el dinero, la
limitación a dos las cuentas corrientes por
ciudadano y la retención por los bancos del 75% de
los nuevos depósitos de sus clientes (coeficientes
de cajas, para evitar transferencias masivas de una
entidad a otra), abiertos por cientos de miles en
pocos días para burlar las cortapisas del 3 de
diciembre.
Los emplazamientos
del presidente a los actores sociales y los partidos
para que se sumaran a un pacto político nacional no
prosperaron, toda vez que los sindicatos, inclusive
las dos facciones de la central peronista
Confederación General del Trabajo (CGT),
consideraban inútil el diálogo con el ejecutivo en
tanto siguiera en él Cavallo y se proponían
derribarlo mediante movilizaciones y paros, y que
ningún dirigente del PJ quería echar un capote a
un presidente radical tocado y en minoría
parlamentaria.
El 13 de diciembre
la huelga general, la séptima del mandato de de la
Rúa, contra las últimas medidas bancarias paralizó
el país y estuvo acompañada de incidentes
violentos en forma de hurtos de comercios, incendios
provocados y choques con las fuerzas del orden público.
Al Gobierno se le empezó a escapar de las manos el
control del país y la asistencia del FMI no se
concretó por la falta de acuerdo sobre el
presupuesto federal equilibrado de 2002 y el pacto
fiscal con las provincias.
El 14 venció
deuda por valor de 700 millones de dólares y el
Gobierno consiguió abonarla in extremis, y evitando
declararse en bancarrota, con una fórmula harto
alambicada: recurriendo a los fondos de pensiones de
los ciudadanos gestionados a plazo fijo, previamente
convertidos en letras del tesoro en lo que el propio
Cavallo calificó de "confiscación".
Entonces, el paro excedía el 18% y se estimaba que
ya 14 de los 36 millones de habitantes vivían en la
pobreza. Se esperaba una recesión acumulada a final
de año de hasta el 3,5% del PIB.
La situación era
explosiva y recordaba la víspera de los motines
populares de mayo 1989, que adelantaron el final de
mandato de Alfonsín. El temido estallido social
prendió el 19 de diciembre, cuando cientos de
personas, justificándose en que tenían que comer,
se lanzaron al asalto de tiendas y supermercados en
todo el país. Unas horas de saqueos y desmanes
sumamente violentos bastaron para que el Gobierno en
pleno presentara la dimisión y de la Rúa, que
"aceptó" sólo la resignación de
Cavallo, declarara el estado de sitio y la
consiguiente suspensión de garantías
constitucionales en aplicación del artículo 23 de
la Carta Magna.
La Presidencia
acusó a organizaciones extremistas de derecha e
izquierda de atizar y manipular las algaradas con
objetivo político, explicación convincente para el
caso de algunas expresiones de vandalismo a cargo de
guerrilleros urbanos. Pero a lo que se asistió fue
más bien a una demostración espontánea de cólera
y desesperación de una clase media del todo ajena a
violencias que, por primera vez, se lanzaba a la
calle por necesidad y para exigir la partida de sus
gobernantes, en una rebelión sin precedentes contra
toda una clase política sin distingos de siglas
largamente tachada de demagógica, clientelista y
corrupta. Buenos Aires se convirtió en una ciudad
sin ley donde se instalaron el miedo y la confusión
más absolutos.
El día 20
prosiguieron las caceroladas, los saqueos y los
enfrentamientos, y la central sindical Movimiento de
Trabajadores Argentinos (MTA) mantuvo la
convocatoria de huelga general de 36 horas en desafío
a las medidas de excepción. De la Rúa, recluido en
la Casa Rosada mientras en el exterior se libraba
una batalla campal entre manifestantes y fuerzas del
orden, se dirigió a la nación pidiendo a los
revoltosos que depusieran la violencia y a la
oposición justicialista que, "con valentía y
patriotismo", se integrara en un ejecutivo de
concentración nacional en el que dispondría de un
alto poder de decisión para "reformar la
Constitución y el sistema político".
La dirigencia
peronista no respondió al envite, y en la
tarde-noche de la Rúa compareció por tercera vez
para notificar su dimisión después de firmarla
para su remisión al Senado, abandonando acto
seguido el palacio presidencial en un helicóptero
que lo llevó a la residencia oficial de Olivos. La
partida del político radical al cabo de 48 horas de
caos que habían dejado 27 muertos en todo el país
(la mayoría por disparos de dueños de
establecimientos que los defendían de las hordas de
saqueadores) principió una cadena de mudanzas en el
poder ejecutivo que, a la postre, derivó en crisis
institucional, la más grave en democracia conocida
por Argentina.
Con de la Rúa,
continuó, por tanto, la suerte de fatalidad que
persigue a los presidentes argentinos radicales
desde 1928, ninguno de los cuales ha conseguido
agotar su mandato constitucional: Hipólito Yrigoyen
en 1930, Arturo Frondizi en 1962 y Arturo Ilía en
1966 fueron desplazados por sendos golpes militares,
mientras que Raúl Alfonsín, como se apuntó
arriba, hubo de acelerar el traspaso presidencial en
1989 a causa de la calamidad económica.
|
